La Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20) se constituyó como un espacio de encuentro entre Estados, enfocado en la generación de consensos y el intercambio de experiencias que permitan a los países participantes fortalecer sus herramientas técnicas para el diseño de políticas públicas de reforma agraria, adaptadas a sus realidades organizativas, políticas y geográficas.

En esta edición participaron 44 delegaciones oficiales, encabezadas por ministros y altos funcionarios de agricultura de diversos países, quienes compartieron sus experiencias y aportaron al diálogo para la construcción de principios y compromisos orientados a garantizar una distribución equitativa de la tierra, una gobernanza territorial incluyente, la seguridad alimentaria y condiciones de vida digna para las comunidades rurales, reconociendo su papel clave en la protección de los suelos y los ecosistemas.

Un bloque eclesial por la Casa Común

En el marco de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), celebrada en Colombia, la Iglesia Católica hizo presencia como bloque eclesial junto a organizaciones como CIDSE (Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad), SECAM (Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar), CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño), la Conferencia Episcopal de Colombia a través de la Pastoral Social Cáritas Colombiana. Esta presencia unificada buscó llevar una voz común que articula la defensa del territorio, la justicia agraria y el cuidado de la Casa Común desde una perspectiva sinodal y global.

Durante el conversatorio «Custodios del territorio: un diálogo por la Casa Común y la dignidad de los pueblos«, Monseñor Paolo Rudelli, Nuncio Apostólico de Colombia, destacó que la dimensión humana y espiritual constituye una nueva manera de habitar el campo, donde el desarrollo integral se convierte en el nuevo nombre de la paz. En esa misma línea, Monseñor Juan Carlos Barreto, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y Caritativa – Cáritas Colombiana, presentó el documento «Tierra para la vida, tierra para la paz», una construcción de CELAM, cuyo principio fundamental sostiene que la tierra es para quienes la habitan y la cuidan, con un fuerte componente bíblico-teológico que recuerda que Dios entregó la creación a los seres humanos para que la cuidaran, no para que la dominaran, como ha ocurrido en tantos momentos de la historia. El documento también advierte sobre la necesidad de que las políticas agrarias sean diseñadas y lideradas por el campesinado, los pueblos indígenas y las comunidades pastoriles, señalando que en las instancias de decisión suelen tener demasiado poder los grandes conglomerados económicos, lo que impide que las bases sociales puedan elegir lo que realmente necesitan las comunidades, y por ello se requiere una regulación equitativa global que obligue a las empresas a responder por el bienestar integral de los territorios.

El diagnóstico presentado por la Iglesia es claro: existe una grave «desruralización forzada» provocada por la expansión extractiva, que ha generado cinturones de miseria en las ciudades mientras el campo se convierte en desiertos verdes. Se advierte sobre el colonialismo «verde», que utiliza el 20% de las grandes transacciones de tierras bajo pretextos ambientales para expulsar comunidades y crear áreas protegidas o compensaciones de carbono, así como la financiarización de la creación, que ha reducido la tierra a un activo financiero mediante prácticas de acumulación especulativa. También se alertó sobre la digitalización del despojo a través de catastros digitales que borran los derechos históricos de tenencia comunitaria, y el consumo desmedido de energía y agua por infraestructuras tecnológicas.

En este contexto, el CELAM propuso en su documento cinco cambios estructurales inmediatos: el diseño y liderazgo territorial de las políticas agrarias por parte de las propias comunidades garantizando la participación central de las mujeres; una regulación corporativa global que impida que la rentabilidad privada se construya sobre la destrucción del tejido social; la aplicación de auditorías de tierra que midan exactamente cuántas hectáreas son redistribuidas a las comunidades; la adopción de la reforma agraria como la tecnología de mitigación climática más económica y eficiente; y mecanismos de transferencia directa para que los fondos de clima y biodiversidad lleguen a las organizaciones territoriales sin que la burocracia financiera consuma los recursos antes de tocar el suelo.

Voces del territorio: mujeres, jóvenes, agroecología e incidencia política desde la base

Las comunidades acompañadas por Cáritas Colombiana y las pastorales sociales, a través de proyectos financiados por Cáritas Alemania y Cáritas Noruega, específicamente los proyectos SADER, Global 1 y Global 2, participaron en paneles y espacios de diálogo aportando reflexiones fundamentales desde sus territorios. Uno de los clamores más sentidos fue la necesidad de transformar la relación de las mujeres con la tierra, para que no sean solo administradoras sino propietarias, pues existe miedo y resistencia a que los títulos queden a nombre de ambos cónyuges, lo que evidencia una brecha estructural que requiere que las entregas de tierra lleguen vinculadas a un acompañamiento familiar y acceso equitativo al crédito, pero sobre todo que las políticas sean construidas desde las agendas que las propias mujeres necesitan. En cuanto a los jóvenes, se identificó la migración hacia las ciudades como una de las heridas más profundas del campo, y se exigió su protección frente a la guerra mediante la no militarización de los territorios y el fin del reclutamiento forzado, porque mientras exista conflicto armado será imposible que los jóvenes regresen al campo, y se requiere además que los espacios de discusión permanezcan abiertos para que las nuevas generaciones puedan acceder a economías productivas, innovación y creatividad con arraigo.

La agroecología fue destacada por las comunidades como una herramienta política y de resistencia que va más allá de la técnica de cultivo, pues permite recuperar los saberes ancestrales que el mercado borró con la llamada «revolución verde», produce autonomía política y económica para mantenerse en el territorio, y propone otras formas de habitar en armonía con la naturaleza frente al modelo extractivista de crecimiento vertical. Estas reflexiones de base, nutridas por el acompañamiento de Cáritas Colombiana y los proyectos de cooperación internacional, evidencian que las comunidades no son receptoras pasivas de políticas sino protagonistas activas en la construcción de alternativas para el desarrollo rural integral.

Adicionalmente, desde el proyecto de Transición Ecológica Justa del Secretariado Nacional de Pastoral Social – Cáritas Colombiana, financiado por Secours Catholique,  participó con una labor de incidencia en una plataforma ampliada que mantiene un diálogo directo con el Ministerio de Agricultura, específicamente en el Comité Asesor para la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria. Este trabajo, que se ha venido desarrollando de manera sostenida desde el Ministerio, permitió llevar las voces y necesidades de las comunidades a los espacios de decisión política, articulando la experiencia territorial con la construcción de políticas públicas que reconozcan y fortalezcan la agricultura campesina como pilar fundamental de la reforma agraria y la justicia social en el país.

Miradas globales: experiencias internacionales en la lucha por la tierra

El espacio de la ICARRD+20 y el conversatorio liderado por CIDSE, permitió también el intercambio de experiencias y diagnósticos desde distintas regiones del mundo, enriqueciendo el diálogo global sobre reforma agraria y gobernanza territorial.

Tanja Pickardt Williams, asesora en gobernanza agraria del Ministerio de Agricultura de Alemania, compartió un diagnóstico global que revela que más del 20% de la población mundial enfrenta inseguridad en la tenencia de la tierra, y el 60% de estos territorios en 60 países, están afectados por actividades industriales, evidenciando una fuerte concentración de la tierra. Alemania ha priorizado la gobernanza de la tierra en sus agendas de financiación y promueve diálogos incluyentes con sociedad civil, academia y sector privado, advirtiendo que la enajenación de tierras constituye una violación de derechos humanos.

El Ministro de Reforma Agraria y Desarrollo Rural de Sudáfrica, Mzwanele Nyhontso, presentó la experiencia de su país en la redistribución de tierras, destacando la realización de una auditoría que permitió clarificar los parámetros para la asignación de títulos y medir los impactos sociales de la reforma agraria, logrando así mayores certezas en los procesos de distribución.

Cesar Aldrigui, responsable de la reforma agraria en Brasil, destacó el papel histórico de la Iglesia en la lucha por la tierra y la importancia de la titulación colectiva como eje organizador de su cuidado. Señaló que, según datos del Banco Mundial, menos del 1% de los recursos destinados a cambio climático llega a la agricultura familiar, a pesar de estar demostrado que esta puede mitigar el cambio climático y reducir gases de efecto invernadero, por lo que urge reestructurar los fondos para que tengan impacto real en los sectores que más lo necesitan.

El Padre Uchechuku, director de justicia, paz y desarrollo de la Conferencia Episcopal de Ghana, abordó la necesidad de generar condiciones humanitarias que eviten la migración juvenil hacia Europa. Insistió en que las reformas deben surgir desde las comunidades, involucrando a mayores, jóvenes y pueblos indígenas, y denunció que grandes compañías acaparan tierras en África para explotación ilegítima, mientras las comunidades siguen luchando por la paz con justicia social.

La declaración de los movimientos y el compromiso sinodal de la Iglesia

La Declaración Política de la sesión de clausura de la ICARRD+20, firmada por los Pueblos Indígenas y los movimientos sociales, recogió y amplificó estos planteamientos al expresar su unidad irreductible frente a la estrategia histórica de dividir para gobernar, afirmando que, si los derechos de uno son atacados, todos se unirán para defenderlos. La declaración reconoció el trabajo conjunto con el gobierno de Colombia y su compromiso con la justicia agraria y social, así como la necesidad de que todos los pueblos del mundo junto con los gobiernos del Sur Global se mantengan unidos en defensa del derecho internacional y los derechos humanos, especialmente en momentos de ataques, como el que sufre Irán. Un punto central de la declaración fue el rechazo al concepto de «comunidades locales» cuando se fusiona con los Pueblos Indígenas, pues desconoce sus derechos específicos reconocidos en las declaraciones de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y sobre los Derechos de los Campesinos, y también ataca los derechos de los pueblos pesqueros, los pastores nómadas y los trabajadores rurales, por lo que se exige que la reforma agraria del siglo XXI sea inclusiva de todos estos pueblos e integre no solo la tierra sino también los bosques, océanos, ríos, zonas costeras, territorios acuáticos, de pastoreo y de movilidad indígena y pastoril, con la soberanía alimentaria y la agroecología en el centro por ser formas integrales de relacionarnos entre nosotros y con la Madre Tierra.

Aunque los movimientos sociales manifestaron su profundo reconocimiento por la importancia de la conferencia por haber puesto la reforma agraria en el centro de la agenda multilateral, anunciaron que no pueden aceptar la declaración final porque contiene conceptos que socavan los derechos de los Pueblos Indígenas y otras comunidades rurales, por lo que continuarán su lucha para que esos conceptos sean eliminados de las convenciones internacionales, y llamaron a todos los gobiernos a entablar un diálogo de buena fe sobre los derechos de los pueblos pesqueros, los pastores nómadas, las mujeres y la agroecología.

La Iglesia Católica, en sintonía con el magisterio del Papa Francisco, quien asumió la consigna de los movimientos populares de «tierra, techo y trabajo», entiende que la redistribución de la tierra no es solo una necesidad social sino un imperativo evangélico. Monseñor Juan Carlos Barreto recordó que uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia es el destino universal de los bienes, y por eso la Iglesia condena el acceso a la propiedad sin límites, citando el censo de 2018 en Colombia que reveló que el 1% de la población es propietaria del 52% de la tierra, y llamó a la Iglesia a una autoevaluación reconociendo que algunos sectores eclesiales han estado alejados de estos temas, aunque también destacó el trabajo significativo realizado en tres aspectos: el acompañamiento a comunidades afrodescendientes en la costa pacífica colombiana en sus procesos de titulación de tierra en la selva húmeda tropical; el trabajo de las pastorales sociales en distintas regiones acompañando a asociaciones campesinas, afros e indígenas en la defensa de sus derechos y su vida digna; y los procesos de desarrollo y paz.

La Iglesia, como bloque representado por CIDSE, SECAM, CELAM, la Conferencia Episcopal de Colombia a través de Cáritas Colombiana, retoma así el trabajo de los años ochenta y noventa, mencionando la importancia de las herramientas tecnológicas para garantizar información transparente y seguir construyendo red con las organizaciones de base, apoyando la asociatividad, la autonomía agrícola y la defensa de la vida en el territorio, convencidos de que no puede haber paz con la naturaleza sin resolver el pecado estructural del despojo territorial y la negación de derechos, y que la reforma agraria no es simplemente una nueva distribución de la tierra sino una reconstrucción indispensable para sanar el tejido social y ecológico del planeta, sembrando hoy la cosecha de la justicia para que las futuras generaciones puedan heredar y prosperar en el campo. Como lo expresaron los movimientos sociales al final de la conferencia: “globalicemos la esperanza, globalicemos la lucha.